Adiós a los teléfonos 902

Decimos adiós a los teléfonos 902.

Las llamadas a atención al cliente costarán lo mismo que a un móvil o a un fijo.

 

El Gobierno aprueba además que las líneas de teléfonos 902 que presten servicios básicos, públicas o privadas, sean gratuitas

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la medida por la que los teléfonos de atención al cliente de las empresas que prestan servicios básicos, públicas y privadas, pasan a ser gratuitos.

La disposición de los teléfonos 902 afecta a las compañías de agua, gas, electricidad, seguros, transporte aéreo, terrestre y marítimo. También protección a la salud, saneamiento, residuos y de servicios financieros y postales, así como a las de saneamiento y residuos.

Para el resto de empresas se establece la obligación de contar con un número de teléfono fijo o móvil, que deberá figurar en la publicidad de la atención al cliente.

En cualquier caso, ningún teléfono de atención al cliente podrá suponer un coste mayor al de una llamada telefónica a fijo o móvil. ¡Adiós a los teléfonos 902!

De esta forma, se garantiza a los consumidores que dispongan siempre de un número de tarificación básica para sus relaciones con las empresas, públicas o privadas, con las que adquieren productos o servicios.

Esta iniciativa acabará con los abusos y sobrecostes en las facturas telefónicas provocadas por las llamadas a servicios de atención al cliente, en las que, en el caso de los números 902, el coste por minuto se sitúa entre los 0,12 y 0,40 euros.

Datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

teléfonos-902

La medida modifica los artículos 21.2 y 49 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Tal y como enuncia la norma, acota el concepto de tarifa básica telefónica y, de este modo, resuelve las discrepancias en la interpretación que muchas empresas han hecho para imponer la numeración de tarificación especial en la atención al cliente.

La ley incorpora como infracción el incumplimiento de estas obligaciones relacionadas a los servicios de atención al cliente y se contempla la imposición de sanciones por las comunidades autónomas en caso de incumplimiento.

 

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